Muchos de los actuales jubilados durante la década pasada obtuvieron sus remuneraciones a través de una moratoria, aunque tuviesen aportes incompletos. Las jubilaciones obtenidas son las mínimas, que se ubican hoy en $ 4.959, un valor que hoy no alcanza a cubrir ni un tercio de la canasta básica.
Hace pocas semanas, el macrismo anunció en un centro vecinal, rodeado de jubilados, el gran proyecto de
“Reparación Histórica con los jubilados y pensionados”. Pero el paquete enviado al Congreso incluye varias aristas más como el blanqueo de capitales, devolución de fondos a las provincias, modificación del impuesto de bienes personales. Precisamente por eso, fue definido como una "ley ómnibus" por gran parte de los medios.
Pero el proyecto, lejos de reparar la situación de todos los jubilados, sólo pretende resolver los haberes mal liquidados y los juicios que emprendieron varios durante años. La moratoria que permitió que cientos de miles de personas se jubilen, intentó ser liquidada por Cambiemos. Pero en la negociación posterior tuvo que retroceder en sus ambiciones y prorrogarla por tres años más.
Los
puntos claves del programa contemplan la creación de una pensión universal para quienes no cumplen con los requisitos mínimos jubilatorios, la actualización de los haberes para quienes tengan juicios con el Estado y la firma de un decreto para corregir los coeficientes que utiliza Anses para actualizar las remuneraciones. El fin del proyecto es terminar con los juicios por jubilaciones.
¿Quiénes serían los beneficiados?
El proyecto alcanzaría a 2.400.000 jubilados y pensionados. De ese universo 60.000 personas tienen sentencias firmes, 380.000 están en juicio y 1.900.000 no hicieron juicio, según datos que informó el Gobierno durante el debate en comisiones en el Congreso. Solo este último grupo representa casi un tercio del total de jubilados.
Para el resto de los jubilados no tiene modificaciones e incluye a los que se jubilaron por moratoria o aportaron varios años como monotributistas o como autónomos y los que ya cobraron juicios por reajuste de haberes. Tampoco son considerados los jubilados provinciales de Cajas no transferidas, los casos de renta vitalicia (jubilados de las ex AFJP) donde la mayoría cobra menos que la jubilación mínima.
¿Reparación histórica para los jubilados?
El proyecto original de Cambiemos declaraba en su primer artículo la “emergencia en materia de litigiosidad previsional” por el plazo de 3 años, prorrogable por otros tres. Esto abre varios interrogantes. ¿Puede el Ejecutivo limitar próximos juicios de jubilados?, ¿El Estado podrá pagar una cifra inferior de lo que decida la legislación o las sentencias?
La especialista Elsa Rodríguez Romero, consultada por Clarín, explicó que declarar una emergencia en “materia de litigiosidad” tiene el riesgo de habilitar medidas que impliquen una eventual restricción o suspensión de derechos respecto de quienes no acepten la oferta y quieran continuar con sus juicios o esperar el pago de una sentencia que ya se encuentre firme.
Según Romero, varios podrían elegir esta opción, porque se utilizará un índice de actualización diferente e inferior al que reconoce la Justicia, el incremento que se ofrezca va a ser una suma menor a la que el jubilado cobraría de seguir su juicio. Mucho más aún si ya cuenta con sentencia firme porque la oferta oficial no guarda relación con esa sentencia.
Por otra parte, el proyecto contempla modificar el índice que se utiliza para calcular los haberes. En la actualidad se usa el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) hasta febrero de 2009, y el Gobierno propone el uso de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Este cambio de índice no es inocente: entre 1995 y febrero de 2009 el aumento del ISBIC fue del 435 % mientras el RIPTE subió un 178 %. Esa diferencia modifica los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en particular para los que se jubilaron a partir de mediados de 2003.
Los nuevos jubilados ya tendrán calculadas sus remuneraciones con el nuevo índice. Para los que ya están jubilados y tienen sentencia firme o están con juicios en trámite con este proyecto se les modificará las jubilaciones porque cambiará la jurisprudencia.
Otro punto cuestionable es que los jubilados que acepten el acuerdo podrán cobrar antes pero con recortes que varían entre el 40 % y el 70 %, según el estado del juicio y los reajustes de haberes. En ese marcó, el especialista Guillermo Jáuregui sostiene que el reajuste podría oscilar entre el 30 y 45%, es decir un 25% inferior a lo que establece la Justicia.
Los recortes serán:
Jubilados con sentencia firme anteriores al 30 de mayo: se calcula que son entre 50.000 y 70.000 que deberían cobrar en promedio $ 350.000. De acuerdo a la ley deberían percibir el 100% de la retroactividad dentro de los 120 días desde dos años anteriores al reclamo administrativo y a la actualización del haber conforme a los índices del fallo. Si este grupo de jubilados acepta el acuerdo se le pagará en base al RIPTE el 50% del retroactivo y la otra mitad en 12 cuotas trimestrales, que se actualizarán por el índice de movilidad, sin intereses. En este caso, en promedio, el recorte es del 40% con respecto al monto judicial.
Beneficiarios sin sentencia firme: son unos 380.000 jubilados o pensionados. Sólo se considera la retroactividad hasta 4 años, que se cuentan desde dos años antes de la demanda. Los que acepten recibirán un 50% en una cuota y un 50% en 12 cuotas trimestrales. La quita sería un 70% menos que el reclamo judicial por el límite de los 4 años y los topes.
Beneficiarios sin reclamos iniciados: representan unos 1.900.000 y se les recalcula el haber actual, según el RIPTE. El haber mejorará entre el 30 y 50% pero sigue siendo un porcentaje menor a lo que recibiría si se aplicara el índice anterior.
¿Reforma jubilatoria o futura privatización?
Una de los debates en el Congreso sobre esta ley es si, con los recursos actuales y lo que ingrese a las arcas estatales con el blanqueo de capitales, será posible pagarle a los jubilados.
El CIFRA (centro de estudios de la CTA) adelantó que el blanqueo logrará “repatriar” unos 20.000 millones de dólares, con una recaudación para el Estado Nacional estimada de 2.000 millones. Con este monto no se lograría cubrir ni una cuarta parte de los fondos que se necesitan para el plan del Gobierno.
CIFRA advierte además que el Gobierno pretende vender las disponibilidades del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), valuadas en 3.728 millones de dólares y sus acciones, en 5.673 millones de dólares. Este tema también es controversial en el proyecto y en cada ocasión que el Gobierno pretende aclarar genera más dudas.
El Gobierno sostiene que el total de los recursos del FGS de la Anses sólo alcanzaría durante los dos primeros años para poder cumplir el plan de pagos previsto. Para el tercer año la situación estaría en una nebulosa y estiman que habría que recurrir a los ingresos provenientes del propio capital de las inversiones.
El interrogante es de dónde saldrán los recursos si los dólares esperados no llegan -algo que no puede descartarse- y en caso que puedan vender las acciones del FGS y se agote esa fuente también.
En el proyecto de ley se establece la creación de una comisión que trabaje en profundidad el funcionamiento del sistema jubilatorio. La misma deberá elaborar el nuevo proyecto podrá restringir el número de jubilados o elevar la edad jubilatoria o las medidas que desde la lógica del gobierno de CEO consideren necesarias para pagarle alguna migaja a los jubilados.
Lo que la oposición calla: aumento de las contribuciones patronales
En este debate, queda claro que el macrismo no otorgará el 82 % móvil para los jubilados, como tampoco lo hizo el kirchnerismo en 12 años.
Lo acorde a la canasta básica -que según la defensoría de la Tercera Edad- en la última medición con precios de abril arroja para un jubilado el valor de aproximadamente $ 11.300, está muy lejos de la mínima actual en $ 4.959.
El kirchnerismo, a pesar de que muchos pudieron jubilarse, vetó cuando gobernaba el 82 % móvil y mantuvo las jubilaciones por debajo de la canasta básica durante años. Hay que señalar que muchos de los que pudieron jubilarse, sin la totalidad de aportes, se debe a años de trabajo en negro. Si bien el gobierno anterior les permitió acceder a una jubilación, los condenó a cobrar migajas en lugar de resarcirlos por una vida de trabajo precario y las patronales responsables no sufrieron ninguna consecuencia.
Si los trabajadores que en la actualidad están en negro o precarios estuvieran en blanco, la masa total de aportes aumentaría. Se trataría de mayores recursos que pagarían las empresas, que también hoy se ahorran por mantenerlos en la precariedad.
Lo que ningún bloque propone -con la excepción de la izquierda- es la restitución de las contribuciones patronales a los niveles de los años 90.
Las contribuciones patronales alcanzaban en esa década el 33 % del salario bruto y hoy rondan el 23,7 %. Gracias a los “beneficios fiscales” las patronales sólo aportan en promedio el 13,3 % de la masa total de los salarios. En caso de subir ese 13,3 % a 33 %, las contribuciones alcanzarían en 2016 21.823 millones de dólares, aumentarían 4.300 millones dólares aproximadamente (tomando los datos de recaudación de AFIP de 2015 actualizando a 2016, con un tipo de cambio de $ 14,10) una cifra superior a las disponibilidades del FGS, es decir con sólo esta medida y sin vender las acciones se podrían obtener para 2016 los mismos recursos con los que ya cuenta el FGS.
Las contribuciones patronales deben restituirse al 33% y es necesario el blanqueo de los trabajadores en negro que implicaría que sus respectivas patronales tengan que aportar también. Si las contribuciones patronales aumentaran y si se incorporaran impuestos progresivos a las grandes empresas sería posible otorgar a los jubilados el 82 % móvil y un salario que les permita llegar a fin de mes.
Esto no lo planteará la oposición patronal de los Massa o Bossio, que igual que Cambiemos responde a los intereses de los empresarios. Sólo el Frente de Izquierda llevará esta voz al Congreso.
