Guanaco Muerto y La Rinconada: dos pueblos cordobeses con más pensionados por invalidez que habitantes
Son lugares de extrema pobreza en el norte provincial.
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Gabriela Origlia
Jueves 15 de junio de 2017 • 14:43
El esquema sigue el mismo patrón que publicó en septiembre pasado este diario cuando reveló que, según datos oficiales, en la Argentina se pagaban 1.037.931 pensiones no contributivas por invalidez, el equivalente al 2,58% de la población total y al 6,9% de la Económicamente Activa (PEA).
El modelo implicaba que gente de pueblos vecinos se trasladaban a los lugares donde era "más fácil" tramitar la pensión, lo que implicaba un centro de salud vinculado al poder político donde se simplificaba la obtención del certificado o profesionales dispuestos a firmar una discapacidad del 76% o más.
En Córdoba -donde en las últimas semanas se canceló el 4% de los beneficios- los mayores problemas se detectaron en Guanaco Muerto. Se trata de un poblado de unas pocas casas en dos manzanas y otras dispersas en la zona rural. Es una zona paupérrima casi desértica, en la que los pobladores que trabajan (la mayoría en "changas") van a Cruz del Eje, a 35 kilómetros.
Según la Comisión de Pensiones se entregaron 480 subsidios por invalidez en ese paraje donde la población es de 320 habitantes conforme al censo 2010. Para Domingo Soria, jefe comunal desde hace 14 años por el peronismo, su último recuento marca 699 personas, con un ejido municipal de 40 kilómetros con muchos parajes dispersos, por lo que estima que en total son unas 1.400 personas.
"Hace dos años estuvieron auditores y nos mostraron padrones, los acompañamos a algunos parajes -dice a LA NACION-. Había mucha gente que ya no vivía en la zona y que ya estaba directamente jubilada. La gente se está yendo porque no hay futuro. Habría que pagarles para que se queden".
"Es un tema político. Estoy tranquilo con eso. Le hemos dado la pensión sólo a los que la necesitan", dijo en diálogo con Radio Mitre.
En La Rinconada -pueblo de similares características- la facilidad para conseguir la pensión hizo que habitantes de algunas poblaciones santiagueñas cercanas cambiaran de domicilio por un tiempo e hicieran el trámite.
El ex intendente Rodolfo Capellini (peronista del Frente Cívico) reconoció a LA NACION que en su gestión -2006 al 2014, antes ocupó el cargo entre 1991 y 1995- se "trabajó fuerte" en esa área: "No soy nadie para negarme, si una persona tenía derecho a acceder, receptábamos la documentación y la mandábamos a un Centro de Referencia de Desarrollo Social; muchas volvían y muchas salieron".
El año pasado, cuando LA NACION publicó una nota sobre esta situación, desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguraron que "se estuvo revisando todo; cada caso está firmado por el médico y un asistente social".
Después, desde distintas fuerzas políticas -incluido el oficialismo- dijeron que pedirían auditorías, informes y revisiones porque había evidencias de un manejo discrecional.
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