Ley de reparación histórica
Los fondos del blanqueo van directo a la ANSeS para pagarles a los jubilados
Son los $ 148.500 millones que ingresaron como penalidad los que entraron al plan de Sinceramiento Fiscal.
Los 148.600 millones de pesos que se recaudaron por el blanqueo de capitales serán destinados a atender el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y los pagos mensuales que requieren ese Programa.
Es una medida que estaba prevista al aprobarse por ley el blanqueo. Y fue recordada ayer por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, cuando presentaron ante la prensa los resultados del operativo.
Ya a fines del año pasado, el Gobierno había transferido $62.500 millones para cumplir el compromiso de actualización de haberes asumido con el sector pasivo. La cuenta se completó con otros $ 36.600 millones, de acuerdo con la Decisión Administrativa 1587/16.
En total, el ente previsional ya recibió $ 99.100 millones. Ahora se espera que se complete el giro de dinero tras el cierre del blanqueo.
Dujovne, recordó que “850 mil jubilados ya están cobrando sus haberes aumentados” por la Ley de Reparación Histórica, y que el programa “alcanzará a 2.200.000 beneficiarios que van a recibir mejoras en sus haberes”.
La Anses va a seguir pagando el ajuste del programa de manera gradual en la medida en que los beneficiarios acepten la oferta del Gobierno. Para quienes están en juicio o con sentencia firme, la propuesta oficial contempla el pago de la siguiente manera: la mitad al contado y el resto en 12 cuotas trimestrales.
De esta manera, la Anses evita recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cumplir con el programa que ideó el gobierno de Mauricio Macri. En tanto, el organismo previsional irá colocando los saldos positivos del programa en inversiones financieras para mantener actualizados los montos recibidos del blanqueo.
La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados fue sancionada el 29 de junio por el Congreso nacional. Consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de la clase pasiva -tanto para los que no iniciaron juicio como para los que se encuentran en proceso judicial contra la Anses, a actualizar sus haberes en función de fallos judiciales en cualquier de sus instancias procesales.
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